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La Defensora del Pueblo Adjunta, Clarissa Yaneth Martínez López, posee estudios en Métodos Alternos para la Solución de Conflictos, cursados en la Universidad Latina de Panamá, donde obtuvo el título de Licenciada en Derecho y Ciencias Política en el 2009.
La experiencia de la Defensora Adjunta en el área procesal-legal aplicada en materia ambiental, bienes municipales y pueblos originarios le permitirán coadyuvar en las principales tareas de la Defensoría del Pueblo para garantizar la protección de los derechos humanos, mediante la atención de quejas y aplicación de acciones pertinentes para la resolución de conflictos y litigios.
En su formación académica sobresalen estudios en la Universidad Latina de Panamá:
Está comprometida con los ejes que rigen las funciones de la Defensoría del Pueblo como ambiente y pueblos originarios. Ha representado al Gobierno Nacional por caso específico de los Kuna de Madugandí y Emberá de Bayano ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, en Washington DC de Estados Unidos de América.
En su hoja de vida sobresale que ha laborado en:
Posee experiencia en el trámite y manejo de expedientes de solicitudes de tierras colectivas realizadas por grupos indígenas a nivel nacional; así como la coordinación de las buenas relaciones con las autoridades tradicionales indígenas de las diferentes etnias y aplicado método alterno para la solución de conflictos en situaciones de manifestaciones por indígenas, campesinos o colonos.
También le ha correspondido manejar y analizar expedientes de Estudio de Impacto Ambiental, contratos de agua, Programas de Adecuación Ambiental y Registros de Auditores Ambientales.
Ha tenido experiencia en el sector privado en firmas de abogados como:
También ha ejercido como Asistente Legal/Pasante en las Firmas Forenses:
Igualmente posee conocimientos complementarios como:
Ha participado además en:
La Defensora del Pueblo Adjunta posee Licencia de Locutor expedida por Autoridad Nacional de los Servicios Públicos.
Tal cual lo mandata la Ley No. 7 de 5 de febrero de 1997, que rige la institución, la Defensora Adjunta auxiliará en el momento requerido al Defensor del Pueblo, Eduardo Leblanc González.
El Defensor del Pueblo Eduardo Leblanc González, estudió su pregrado en la Universidad Latinoamericana de Ciencias y Tecnología, y es Licenciado en Derecho y Ciencias Políticas desde 2001.
Es especialista en métodos alternos para la resolución de conflictos y litigios. Tiene una amplia experiencia profesional que le permitirá agilizar la resolución de las diversas quejas, actuales y futuras, con miras a imprimir el dinamismo que se espera de la entidad que protege al pueblo de vulneraciones a sus derechos humanos. De igual forma con su formación cívica y de servicio social, hará énfasis en la promoción y educación de estos derechos a lo largo y ancho de la geografía nacional.
Estudió en Incae Business School:
Ha laborado en la banca panameña desde el año 2001 hasta 2011 ocupando distintos puestos:
Actualmente es Socio fundador y Vicepresidente en Licencia de “Signature Regional Law Group”, una firma de abogados con presencia en toda la regional Centroamericana, con oficinas en Guatemala, El Salvador, Honduras, Nicaragua, Costa Rica, Panamá y Argentina.
Ocupó distintos cargos como director independiente en juntas directivas de empresas financieras y conglomerados familiares, siendo consejero y/o Asesor de cada una de ellas.
Seminarios dictados y/o co-expositor en Panamá y a nivel regional en temas tales como:
Ha participado en distintas organizaciones gremiales y sociales, entre las cuales están:
OBJETIVO:
Guiar a las personas que a diario se presentan a las instalaciones de la Defensoría del Pueblo para recibir orientaciones y/o asesoría técnico-jurídica que les permita afrontar determinada situación, fungiendo como garantes del reconocimiento de sus derechos fundamentales frente a los actos u omisiones de los funcionarios públicos.
FUNCIONES:
OBJETIVO:
Velar que todas las quejas y peticiones que afecten los Derechos Humanos presentadas y admitidas por la Defensoría del Pueblo se tramiten y además, promover, ante la autoridad respectiva, que se subsanen las condiciones que impidan a las personas el pleno ejercicio de sus derechos.
FUNCIONES:
OBJETIVO:
Proteger los Derechos Humanos de las Mujeres, consagrados en la Constitución Política de la República de Panamá y Convenios Internacionales de Derechos Humanos, mediante la adopción de programas, planes y proyectos y enfoques concretos que incidan en las prácticas de protección de los derechos de las mujeres para alcanzar una sociedad más igualitaria en el país.
FUNCIONES:
ESTUDUIOS:
2015-2017
2012-2013
2009
2005-2009
EXPERIENCIA PROFESIONAL:
CURSOS Y SEMINARIOS:
2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2004
2003
OBJETIVO:
Difundir y cultivar tanto a lo interno de la institución como en el ámbito nacional, el conocimiento y práctica de los derechos humanos, mediante el fomento y protección de los mismos, logrando así mayores niveles de respeto y valoración entre los ciudadanos y la consolidación de una sociedad democrática.
FUNCIONES:
ESTUDIOS:
Universidad Latina de Panamá, 30 de diciembre de 2020.
Universidad Latina de Panamá, 30 de diciembre de 2020.
Universidad Latinoamericana de Ciencia y Tecnología (ULACIT). Panamá. 1996.
Escuela Normal Juan Demóstenes Arosemena. Veraguas 1991.
EXPERIENCIA PROFESIONAL:
CURSOS Y SEMINARIOS:
FACILITADORA EN:
El Observatorio Panameño contra la Violencia de Género (OPVG) es coordinado por la Defensoría del Pueblo de la República de Panamá y está integrado por entidades públicas y representantes de la sociedad civil.
Entidades Públicas:
Otras entidades, Organizaciones Públicas y Privadas
Organizaciones No Gubernamentales de Mujeres (ONGs) con representación a nivel nacional en la lucha contra la violencia de género:
Expongo:
Mi nombre es Francisco Robles, con cédula de identidad personal 8-333-456, soy adulto mayor, residente en el Corregimiento de Betania.
El día 21 septiembre de 2019, fui sometido a una cirugía laparoscópica de hígado, la cual derivó en una mala praxis, por lo que actualmente presento secuelas graves y permanentes, producto de dicha intervención.
Debido a estas secuelas he tenido que asistir mensualmente desde el año 2019 a diferentes clínicas privadas, ya que no hay cupos para atención, medicamentos, ni reactivos en el Complejo Hospitalario Metropolitano (CHM), para la atención de estas secuelas.
Por lo anterior, en varias ocasiones mediante notas del 20 de enero de 2020, del 30 de septiembre de 2020 y del 1 de octubre de 2020, he presentado este caso y solicitado apoyo al Director General de la Caja de Seguro Social, para obtener citas y medicamentos, sin embargo, no he recibido respuesta.
Solicito:
Por lo antes expuesto la intervención de la Defensoría del Pueblo, para que investigue este caso y se subsanen las situaciones que generan esta queja, que afectan mi derecho a la salud y petición.
Adjuntar documentación
Expongo:
Quien suscribe Aida Álvarez, con cédula de identidad personal 1-234-567, residente en el corregimiento de Bella Vista, fui nombrada de manera permanente en el cargo de Asistente Administrativo I, con la posición No. 463656, en el Ministerio de Obras Públicas, devengando un salario mensual de SETECIENTOS BALBOAS (B/.700.00), mediante resuelto de personal No.7895 del 4 de diciembre de 2019.
El día 28 de agosto de 2020, mediante Resuelto de Personal No. 96 del 15 de julio de 2020, se me notificó que se dejaba sin efecto mi nombramiento en el Ministerio de Obras Públicas.
Dicha institución deja sin efecto mi nombramiento basados en la causal de libre nombramiento y remoción.
Soy una persona amparada por la Ley 59 del 28 de diciembre de 2005, que establece la protección laboral para las personas con enfermedades crónicas, involutivas y/o degenerativas que produzcan discapacidad laboral, ya que desde hace tres años me diagnosticaron diabetes mellitus y dicha condición fue notificada al Departamento de Recursos Humanos.
Adicional informo, que presenté en tiempo oportuno Recurso de Reconsideración de la Resolución que deja sin efecto mi nombramiento, ante la institución y a la fecha no he obtenido respuesta. Además, me adeudan tres meses de vacaciones.
Solicito:
En virtud de lo antes mencionado, la intervención de la Defensoría del Pueblo, con la finalidad de que se investigue al Ministerio de Obras Públicas, por violación al derecho al trabajo y se restablezcan mis derechos.
Adjuntar documentación
Expongo:
Yo Héctor Madrid, con cédula de identidad personal 8-104-995, residente en Calidonia, quiero denunciar las actuaciones del juez de paz de la casa de justicia comunitaria de paz de Calidonia
El Juez de Paz Carlos Trillo, quien está totalmente parcializado en el proceso de lanzamiento por intruso presentado en mi contra, hace uso indebido de su autoridad emitiendo boletas de citaciones excesivas, lo cual constituye un hostigamiento y abuso de autoridad.
Considero que el Juez de Paz antes mencionado me está violentando mis derechos y el debido proceso, ya que debieron inhibirse consecuencia de que dicho proceso fue acogido en el Juzgado Primero de Circuito Civil, desde el 3 de diciembre de 2019.
Es importante mencionar, que mi representante judicial en repetidas ocasiones ha presentado escritos de solicitud de declinación de competencia y archivo del expediente dirigidos a la Casa de Justicia Comunitaria de Paz de Calidonia, sin obtener lo solicitado. Asimismo, el Juez antes mencionado hace caso omiso por amiguismos con el propietario de la finca.
El servidor público antes mencionado se ha encargado de dilatar, retardar y prorrogar un proceso, ya iniciado en la esfera jurisdiccional, interviniendo con boletas de citación hostigando y amedrentando con sus actuaciones alejadas a las tipificadas en la Ley 16 del 17 de junio de 2016, que instituye la justicia comunitaria de paz.
Solicito:
En virtud de lo antes mencionado la intervención de la Defensoría del Pueblo, para que realice una investigación al Juez de paz de Calidonia, para que cese el hostigamiento hacia mi persona.
Adjuntar documentos
