70% de las niñas, niños y adolescentes indígenas vive en condiciones de pobreza monetaria y se plantean acciones y recomendaciones para contribuir al cierre de las brechas en educación, protección social y acceso a derechos.
El documento, elaborado por la Defensoría del Pueblo junto a la Coordinadora Nacional de Mujeres Indígenas de Panamá (CONAMUIP) y el apoyo técnico del Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia – UNICEF en Panamá, identifica importantes brechas en educación, protección social y condiciones de vida, y plantea una serie de recomendaciones para fortalecer la respuesta del Estado.
El 70% de las niñas, niños y adolescentes indígenas en Panamá vive en condiciones de pobreza monetaria y en comarcas indígenas, en promedio el 91% de los niños y niñas vive en pobreza multidimensional, según el primer Informe Defensorial especializado sobre los derechos de esta población, presentado por la Defensoría del Pueblo con el apoyo del Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF) en Panamá.
El informe también revela que el 15% de las niñas, niños y adolescentes indígenas permanece fuera del sistema educativo, una proporción que triplica el promedio nacional de los niños y niñas no indígenas ni afrodescendientes, mientras que solo el 21% cuenta con cobertura de seguridad social. Estos datos evidencian las brechas persistentes que limitan el ejercicio efectivo de derechos fundamentales y el acceso a servicios esenciales.
Este es un primer diagnóstico integral sobre la situación de los derechos de la niñez y adolescencia indígena en Panamá y formula recomendaciones dirigidas a las instituciones del Estado para contribuir al cierre de estas brechas.
Entre sus objetivos se encuentra fortalecer las políticas públicas con enfoque intercultural y mejorar la respuesta institucional frente a las desigualdades que afectan a esta población.
Para su elaboración se desarrolló un proceso participativo con el acompañamiento de la Coordinadora Nacional de Mujeres Indígenas de Panamá (CONAMUIP) y el apoyo técnico de UNICEF. El proceso incluyó visitas a las comarcas Emberá Wounaan, Guna Yala y Ngäbe Buglé, así como al distrito de Arraiján y a los corregimientos de Santa Ana y El Chorrillo.
Durante estas visitas se recogieron las perspectivas y aportes de niñas, niños y adolescentes indígenas, autoridades tradicionales, organizaciones comunitarias e instituciones públicas, incorporando sus experiencias y percepciones al análisis de la situación de sus derechos.
El informe representa un nuevo insumo para fortalecer la protección integral de los derechos de la niñez y adolescencia indígena y para orientar decisiones y políticas públicas que respondan a las brechas identificadas, con especial atención a la igualdad de oportunidades, el acceso a servicios y la garantía efectiva de sus derechos fundamentales.
“Este documento debe entenderse como una herramienta para la acción. Una herramienta para fortalecer la coordinación entre instituciones; para orientar decisiones basadas en evidencia; para asignar recursos donde más se necesitan”, señaló Olga Isaza, Directora Adjunta de UNICEF para América Latina y el Caribe.
El estudio también señala que una de cada cuatro niñas, niños y adolescentes del país pertenece a un pueblo indígena, lo que representa 315,089 personas. De este total, el 59% tiene menos de 10 años, una realidad que resalta la importancia de fortalecer medidas de protección y garantizar el acceso oportuno a servicios esenciales durante la infancia.
Como resultado del análisis, la Defensoría del Pueblo formuló 22 recomendaciones agrupadas en 7 ejes estratégicos, orientadas a fortalecer la gobernanza y el financiamiento con enfoque intercultural, ampliar el acceso a servicios de salud y educación de calidad, promover la igualdad y la identidad cultural, reforzar los sistemas de protección y justicia, mejorar la producción de información para la toma de decisiones y fortalecer la corresponsabilidad entre las instituciones públicas, las autoridades tradicionales, las comunidades y las familias.
Estas recomendaciones se sustentan en el marco de protección establecido por la Ley 285 de 15 de febrero de 2022, que crea el Sistema de Garantías y Protección Integral de los Derechos de la Niñez y la Adolescencia, así como en la Ley 504 de 18 de diciembre de 2025, que asigna a la Defensoría del Pueblo funciones de vigilancia, seguimiento y promoción de los derechos de niñas, niños y adolescentes.
“Escuchar a las niñas, niños y adolescentes indígenas no es solamente un ejercicio de participación; es una obligación de derechos humanos y una condición para que las políticas públicas respondan realmente a sus necesidades. Este informe nos permite conocer las brechas que persisten, pero también nos señala el camino: avanzar, sin retrocesos, hacia una protección integral, intercultural y efectiva de sus derechos” indicó la Defensora del Pueblo, Angela Russo.
Se destaca del informe, las opiniones de niñas, niños y adolescentes en los espacios de consulta, como parte del reconocimiento de su derecho a la participación y a ser escuchados en todos los asuntos que les atañen.
La Defensoría del Pueblo dará seguimiento a las recomendaciones contenidas en el informe mediante acciones de monitoreo, incidencia y articulación con las instituciones del Estado y los pueblos indígenas, con el objetivo de contribuir al fortalecimiento de las políticas públicas y a la protección efectiva de los derechos de las niñas, niños y adolescentes indígenas en Panamá.
