El Defensor Adjunto, Félix Paz, participó del Coloquio Internacional 2026 “Movilidad Humana Fronteriza: entre Migración y el Retorno”, organizado por el Instituto de Estudios Nacionales (IDEN) de la Universidad de Panamá, realizado en la Sala RAI de la Biblioteca Simón Bolívar de esta máxima casa de estudios superiores.
En el panel de expertos participaron la Dra. Luz Amelia Vela, de la Universidad Andina de Ecuador y el Prof. Elías Cornejo, Coordinador de Promoción Social Fe y Alegría. Asimismo, el evento contó con la participación de un selecto grupo de expositores, entre ellos sociólogos e investigadores.
El Defensor Adjunto expuso las acciones desarrolladas por la Defensoría del Pueblo frente a la crisis migratoria cuando alcanzó su punto más crítico en ambas fronteras del país. Destacó que este flujo migratorio ha disminuido significativamente, observándose actualmente una dinámica marcada por movimientos de retorno.
El adjunto, señaló que la institución llevó a cabo monitoreos permanentes en terreno, orientados a verificar las condiciones de atención y promover la protección integral de las personas migrantes, en especial atención a los grupos en situación de vulnerabilidad.
“La Defensoría durante esta movilización masiva migratoria ejecutó visitas permanentes en puntos críticos como: Bajo Chiquito, Canaán Membrillo, San Vicente, Lajas Blancas, Paso Canoas y Miramar, donde verificaba alojamiento, agua, alimentación, atención médica y acceso a justicia. Priorizando siempre la niñez no acompañada, mujeres gestantes, personas con discapacidad y migrantes sin documentos”, dijo.
Indicó que el retorno de personas migrantes se desarrolla en condiciones de precariedad extrema, ya que muchas personas y familias agotaron sus recursos económicos e incluso vendieron sus bienes para emprender su viaje hacia el norte del continente, regresando posteriormente sin medios de subsistencia ni redes de apoyo. Documentó que se registraron 22 mil 325 personas migrantes en tránsito inverso en 2025 y 4 mil 358 hasta mayo de 2026. Adicionalmente, señaló sobre la existencia de cobros que oscilan entre 200 a 350 USD para la movilización por rutas marítimas en el Caribe y Pacífico Norte.
Entre otras acciones también se emitió la Alerta Temprana Binacional No. 01-23 con la Defensoría del Pueblo de Colombia en 2023, para alertar sobre los riesgos que enfrentan las personas migrantes en la frontera colombo-panameña. De igual manera, resaltó la publicación del Informe Defensorial de niñez y adolescencia en movilidad humana en 2023, y las acciones de seguimiento realizadas en los años 2024 y 2025.
Por otra parte, en 2025 se presentó el informe “Migración inversa en la ruta Costa Rica–Panamá–Colombia”, el cual evidenció una transformación en las dinámicas migratorias de la región, identificando como principales factores de retorno: imposibilidad de ingresar a EE. UU., cambios en política migratoria, temor a deportaciones y agotamiento de recursos económicos.
Con apoyo de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos humanos (OACNUDH), se llevaron a cabo monitoreos conjuntos con las defensorías de Costa Rica y Colombia en zonas fronterizas. Asimismo, se solicitó una audiencia temática ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos para visibilizar la situación de derechos humanos derivada de las dinámicas migratorias.
La institución ha fortalecido su labor de incidencia y cooperación regional mediante su participación en el Grupo de Trabajo sobre Migración y Derechos Humanos de la Red de Instituciones Nacionales para la Promoción y Protección de los Derechos Humanos (INDH) del Continente Americano, en la Red de Movilidad Humana y Trata de Personas de la FIO y en el Grupo de Movilidad Humana del Consejo de INDH de Centroamérica y República Dominicana, contribuyendo al desarrollo de estrategias regionales orientadas a la protección de las personas migrantes y refugiadas.
La Defensoría reafirma su compromiso de continuar monitoreando de manera permanente la situación de las personas migrantes, refugiadas y solicitantes de protección internacional en Panamá, mediante el ejercicio de sus funciones de supervisión, investigación e incidencia, a fin de promover la protección efectiva de sus derechos humanos y contribuir a una gestión migratoria basada en los principios de dignidad humana, igualdad, protección y respeto al debido proceso.
Enfatiza en que la reducción de los flujos migratorios hacia el norte y el aumento controlado del retorno no eliminan los desafíos asociados a la movilidad humana. Dado el carácter cíclico y cambiante de estos flujos reitera la necesidad de fortalecer los mecanismos de coordinación interinstitucional, a fin de asegurar respuestas oportunas y efectivas ante las transformaciones de la dinámica migratoria.
