- Entre enero y agosto del 2025 aumentó la migración inversa desde el norte hasta el sur, con más de 14.000 personas retornando desde México y Estados Unidos.
- Mujeres y niñas enfrentan mayores riesgos a lo largo de la ruta migratoria, incluidas la violencia basada en género, la trata de personas y la discriminación.
- La Comisión recomienda adoptar un enfoque regional, interinstitucional e interseccional para la gestión del fenómeno migratorio, con mecanismos permanentes de coordinación entre Costa Rica, Panamá, Colombia y países de destino.
Bogotá, 29 de agosto de 2025 (@DfensoriaCol). La migración en la región atraviesa un cambio sin precedentes. Así lo documentó la Comisión conformada por la Defensoría de los Habitantes de Costa Rica y las Defensorías del Pueblo de Panamá y Colombia, con el acompañamiento de la Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos (OACNUDH), durante una misión de monitoreo llevada a cabo entre el 21 de julio y el 1 de agosto de este año en puntos fronterizos y rutas críticas de los tres países.
“La misión nos permitió corroborar que las restricciones de tránsito en la selva del Darién, junto con el endurecimiento de las políticas migratorias en Estados Unidos, provocaron que entre enero y agosto del 2025 se diera una reducción del 97 por ciento en el paso irregular hacia el norte, en contraste con las más de 260.000 personas que cruzaron en el mismo periodo de 2024. Sin embargo, en ese mismo periodo se registró un aumento significativo de migración inversa: más de 14.000 personas retornaron desde México y Estados Unidos e ingresaron a Colombia, ”, aseguró la Defensora del Pueblo de Colombia, Iris Marín Ortiz.
Los hallazgos, que fueron recogidos en el informe Migración inversa en la ruta Costa Rica–Panamá–Colombia: desafíos de protección y necesidad de una respuesta humanitaria regional, se sustentan en 182 testimonios directos de personas migrantes en tránsito inverso, en un 97% de nacionalidad venezolana. Entre ellas se encontraban mujeres, hombres, niñas, niños y adolescentes —acompañados, no acompañados o separados de sus familias—, así como solicitantes de refugio y personas con necesidades de protección internacional. De acuerdo con la Organización Internacional para las Migraciones (OIM), el 37% de estas personas afronta necesidades económicas críticas, frente al 13% registrado en la ruta sur–norte.
Las principales razones de retorno reportadas fueron la imposibilidad de ingresar a Estados Unidos (49%), los cambios en su política migratoria (46%), el temor a detenciones o deportaciones (17%) y el agotamiento de recursos económicos (34%). Estos factores, señala el informe, muestran que las decisiones de retorno no se producen de manera libre ni informada, sino como resultado de la disuasión, la coerción y la ausencia de garantías de protección en los países de tránsito y destino.
“En Colón y Puerto Miramar, la ausencia de atención humanitaria y la falta de presencia de autoridades generan graves vulnerabilidades para las personas migrantes y refugiadas, quienes enfrentan altos costos de transporte, precariedad extrema en las condiciones de vida y riesgos de violencia, mientras la respuesta estatal es insuficiente y fragmentada”, indicó el director de Relaciones Internacionales de la Defensoría del Pueblo de Panamá, Jonathan Santana.
Los testimonios también evidencian violencias sufridas en las rutas hacia el norte. El 86,8% de las personas entrevistadas manifestó haber sido víctima directa o conocer de abusos durante el cruce por el Darién. Asimismo, relataron casos de secuestro, extorsión y robo en México y Guatemala, perpetrados por redes criminales. Mujeres y niñas enfrentan riesgos diferenciados, al verse obligadas a pernoctar en casas abandonadas, parques públicos y lugares improvisados en Miramar (Panamá), Paso Canoas (frontera Costa Rica–Panamá), así como en varias zonas del Caribe y el Pacífico colombiano.
A esta situación se suma la suspensión de fondos de cooperación internacional, lo que ha limitado la asistencia humanitaria y ampliado los vacíos de protección. En Panamá y Colombia, la mayoría de las personas entrevistadas afirmó no haber recibido información sobre sus derechos ni sobre mecanismos de protección internacional. El 76% en Panamá, el 75% en Colombia y el 42% en Costa Rica no denunció hechos de violencia por desconfianza en las autoridades y ausencia de instituciones a las cuales acudir.
“El retorno de miles de personas en la ruta Costa Rica–Panamá–Colombia se da en un contexto de desafíos significativos para el goce efectivo de sus derechos, entre otros, la protección internacional, una respuesta humanitaria coordinada y basada en derechos humanos y el acceso a la justicia, como se desprende del informe presentado hoy por las Defensorías de Costa Rica, Panamá y Colombia. Valoramos el rol fundamental de las instituciones nacionales de derechos humanos, cuya labor de monitoreo es clave para visibilizar las situaciones de preocupación, alertar a las autoridades y promover la rendición de cuentas. Es el momento de reforzar la cooperación regional y el apoyo internacional, pues solo desde una acción conjunta es posible prevenir abusos y atender con dignidad a las personas migrantes y refugiadas”, afirmó el representante de la oficina regional de ONU Derechos Humanos para América Central, Andrés Sánchez Thorin.
Redes transnacionales de tráfico de migrantes
La Comisión constató la operación de redes transnacionales de tráfico que controlan la migración inversa en Costa Rica, Panamá y Colombia. Estas estructuras cobran tarifas o “paquetes” para facilitar el retorno, en muchos casos operadas por los mismos actores que antes controlaban el tránsito hacia el norte del continente.
El informe también documentó riesgos asociados al transporte marítimo en embarcaciones pequeñas e inadecuadas, tanto en Panamá como en Colombia, lo que ha derivado en incidentes graves. En junio del 2025, una lancha que trasladaba a 38 personas desde Panamá hacia el Pacífico colombiano sufrió un accidente en alta mar, con saldo de personas heridas, entre ellas mujeres gestantes, niñas, niños y una persona con discapacidad que perdió su silla de ruedas.
Además, el costo de los traslados marítimos, estimado en 280 dólares por persona, obliga a muchas personas a permanecer días o semanas varadas, a la espera de reunir el dinero necesario para movilizarse. La falta de coordinación interestatal y de canales humanitarios seguros favorece estas prácticas en un contexto de impunidad.
“ONU Derechos Humanos Colombia y la regional de Centro América estuvimos recorriendo, junto con las Defensorías del Pueblo de Colombia, Panamá y Costa Rica, los pasos de la migración inversa. Escuchamos testimonios preocupantes y dolorosos sobre los desafíos que enfrentan los migrantes de regreso casi siempre hacia Colombia. Según los datos que obtuvimos, durante 2025 a Colombia llegaron, gota a gota, día tras día, unas 14000 personas migrantes. Urgimos a las autoridades atender a las personas en migración inversa para que no sean tomadas por grupos armados no estatales y se conviertan en víctimas de la violencia. Las personas migrantes necesitan que se respeten todos sus derechos a la vida, a la salud, a la educación y al trabajo. Continuaremos dando seguimiento a este tipo de migración”, señaló el representante en Colombia del Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos, Scott Campbell.
Colombia: un punto crítico en la ruta de retorno
Colombia se ha consolidado como un punto estratégico en las rutas migratorias hacia el sur del continente. Entre enero y agosto del 2025, Migración Colombia registró 14.422 personas en flujo inverso en zonas como Capurganá y Turbo (Antioquia), territorios con capacidades institucionales limitadas para responder al aumento sostenido de la población migrante.
De acuerdo con el informe, la Ruta Caribe, que conecta Colón (Panamá) con Capurganá (Colombia), se ha convertido en un corredor de alto riesgo, donde se documentan casos de trata de personas, explotación sexual, trabajo infantil y violencia basada en género. Según el Grupo Interagencial para Flujos Migratorios Mixtos (GIFMM) en Urabá, entre febrero y julio de 2025 circularon por esta ruta 11.732 personas en tránsito inverso, el 95% de ellas venezolanas.
Por otro lado, se evidenció que la Ruta Pacífico Norte, que conecta Ciudad de Panamá con Juradó y Bahía Solano (Chocó), presenta riesgos elevados de reclutamiento forzado, explotación y violencia sexual debido a la presencia de grupos armados ilegales. Migración Colombia reportó 247 ingresos hasta agosto del 2025, aunque las personerías municipales estiman que el número real supera las 450 personas.
Medellín también se ha consolidado como un punto clave del tránsito inverso. El 75% de quienes llegan a Necoclí pasa por la capital de Antioquia. Entre enero y julio del 2025 se registraron 13.000 personas en movimiento inverso desde Urabá, cuatro veces más que quienes se desplazaron hacia el norte.
“La misión pudo identificar un esfuerzo articulado entre la Alcaldía de Medellín, entidades nacionales y la cooperación internacional. No obstante, persisten dificultades: ausencia de albergues suficientes, exclusión de personas sexodiversas, carencias en salud mental y limitaciones para garantizar derechos sexuales y reproductivos, en especial para mujeres gestantes”, manifestó la Defensora del Pueblo de Colombia.
Recomendaciones para una apuesta regional
El informe concluye que la migración inversa constituye, en gran medida, un retorno forzado de personas cuyos derechos han sido vulnerados de manera sistemática.
Frente a este panorama, la Comisión recomienda adoptar un enfoque regional, interinstitucional e interseccional para la gestión del fenómeno migratorio, con mecanismos permanentes de coordinación entre Costa Rica, Panamá, Colombia y países de destino. Estos espacios deben incluir a las instituciones nacionales de derechos humanos, organismos internacionales, sociedad civil y agencias de Naciones Unidas, así como a las propias personas en movilidad.
Asimismo, se subraya la urgencia de garantizar el acceso efectivo a la justicia para las víctimas de abusos, incluida la violencia sexual y de género, mediante protocolos diferenciados para niñas, niños y adolescentes no acompañados, mujeres gestantes, personas LGBTIQ+ y personas con discapacidad. Entre las recomendaciones destaca la adopción de un Protocolo Regional de Atención a la Niñez Migrante, en consonancia con la Alerta Temprana Binacional de Panamá y Colombia (2023) y con los estándares de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.
Finalmente, se plantea ampliar y facilitar mecanismos de movilidad regular, temporal y permanente, en línea con la Declaración de Cartagena y el Pacto Mundial para la Migración Segura, Ordenada y Regular, con el fin de garantizar alternativas dignas y sostenibles para las personas migrantes en la región.
“La aplicación de una herramienta de monitoreo en derechos humanos en el campo, ha favorecido la definición de acciones específicas que deben ser implementadas en cada uno de los países parte de esta iniciativa, pero también de acciones que deben ser implementadas en forma regional. Son acciones de prevención, de acción inmediata ante posibles violaciones de derechos fundamentales y así continuar posicionando la realidad de la movilidad humana en nuestro actuar”, recalcó el defensor adjunto de los Habitantes de Costa Rica, Juan Carlos Pereira.
