Los derechos humanos no surgen repentinamente, sino que son producto de largas luchas sociales por reconocer como derechos las necesidades esenciales de las personas en cada momento social o histórico.
Si bien muchas necesidades se construyen social y culturalmente y, por tanto, varían entre los países y al interior de éstos, existe un conjunto de necesidades que pueden ser consideradas como básicas y universales para garantizar el desarrollo integral de todas las personas.
En este sentido, el Estado panameño se encuentra en mora en el reconocimiento de derechos económicos, sociales y culturales, pues hasta este momento no ha suscrito, ni ha ratificado importantes instrumentos internacionales que protegen estos derechos:
- El Convenio N° 169 de la Organización Internacional del Trabajo de 1989 sobre el derecho de los pueblos indígenas, el cual fue firmado, sin embargo, no ha sido ratificado por Panamá.
- La Convención Internacional sobre la protección de los derechos de todos los trabajadores migratorios y de sus familiares, no ha sido firmada, ni ratificada por Panamá.
- El Protocolo Facultativo del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, el cual no ha sido firmado, ni ratificado por Panamá.
- Convención Interamericana Contra el Racismo, Discriminación Racial y Formas Conexas de Intolerancia, la cual entró en vigor hasta el 11 de noviembre de 2017.
- Convención Americana Contra Toda Forma de Discriminación e Intolerancia, esta Convención ha sido firmada por el Estado panameño en el 2014, pero no ha sido ratificada, lo cual conllevaría a que el Estado panameño se compromete con la erradicación total e incondicional de toda forma de discriminación e intolerancia.
- Convención interamericana sobre Protección de los Derechos Humanos de Personas Mayores, la cual entró en vigor el 11 de enero de 2017.
Cabe señalar que esta institución nacional de derechos humanos ha solicitado y sugerido ante la instancia correspondiente de gobierno la firma y ratificación de los Convenios anteriormente descritos.
DERECHOS ECONÓMICOS, SOCIALES Y CULTURALES
Este año, 2022, Panamá ha vivido una de las mayores crisis sociales, ya que, a causa de la pandemia, la guerra en Europa y el descontento social, mostrado a través de múltiples protestas registradas entre los meses de mayo a agosto, esto a consecuencia del alto costo de la canasta básica, de los medicamentos, las exigencias por la rebaja del precio del combustible, entre otros.
Sin duda reclamaciones legítimas, las cuales originaron mesas de diálogos y negociación por parte del gobierno, en la que participamos de forma activa y logrando un acuerdo para la baja en el precio del combustible, no obstante, el mantener vías cerradas, generaron un impacto negativo, en la economía, acceso a la salud, y la afectación a la seguridad alimentaria, pero sobre todo se vulneró el derecho a la educación.
EDUCACIÓN
Este Instituto Nacional de Derechos Humanos reitera al país que urge en materia de educación se cumpla los compromisos adquiridos a nivel nacional e internacional, y así lo hemos recomendado, reiterando la necesidad de una infraestructura adecuada y cónsona con la realidad económica del país, elevando los estándares del proceso de enseñanza y aprendizaje que incluya la capacitación del equipo docente, con enfoque de derechos humanos. mantenemos nuestra recomendación al MEDUCA DE una educación igualitaria e inclusiva.
En este año 2022, hemos recibido quejas dirigidas en contra al Ministerio de Educación, lo que le posiciona en la segunda institución con más quejas ante la Defensoría del Pueblo.
Reconocemos que el Estado impulsa acciones para prevenir el embarazo adolescente, sin embargo, nos preocupa que la cobertura de los planes y programas no sean suficientes para cubrir las áreas más prioritarias, especialmente el área indígena. Además, es importante que estos planes tengan visión de derechos de niñez y de acuerdo con el desarrollo del adolescente. Por lo que es inminente, la necesidad para el 2023 por parte de MEDUCA aplicar la Guía de Orientación y Educación en Sexualidad y Afectividad, las cuales fueron presentadas en octubre 2021 y que actualmente se encuentran en la etapa de preparación a los docentes en el uso de la herramienta.
SALUD Y SEGURIDAD SOCIAL
Instamos a las autoridades de la Caja de Seguro Social, a tomar las medidas urgentes en aras de mejorar la calidad de la atención brindada a los asegurados, agilizar los trámites para las compras de los servicios externos que sean necesarios, así como mejorar el sistema de citas y abastecer de medicamentos a las farmacias a nivel nacional, a fin de que dicha problemática no continúe afectando la calidad de vida de las personas que buscan atención médica, en sus dependencias.
Es importante recordar los elementos esenciales del derecho a la salud:
Disponibilidad, Accesibilidad, Aceptabilidad, Calidad, Participación y Rendición de cuentas, garantizando que las personas tengan la oportunidad de disfrutar del más alto nivel posible de salud; el derecho a la prevención, el tratamiento de enfermedades y la lucha contra ellas; el acceso a medicamentos esenciales; a la salud materna, infantil y reproductiva, entre otros.
Respecto al Ministerio de Salud, nuestras recomendaciones giran en un enfoque integrado entre las dimensiones social, económica y medioambiental del desarrollo sostenible; y la colaboración entre todas las partes interesadas.
El agua debe considerarse no solo como un recurso natural que debe gestionarse y utilizarse, sino como un derecho humano fundamental al que todas las personas tienen derecho a su acceso sin discriminación.
El gobierno central debe eliminar todos los sub puestos de salud, no hay ciudadanos de segunda clase, debemos abastecer de medicamentos y personal idóneo estableciendo reales centros de salud en todo el país, todos tenemos el derecho a la misma calidad de salud.
El gobierno debe crear políticas públicas para incentivar a más especialistas para que se queden en las áreas del interior del país.
Al Órgano Judicial y a los tribunales arbitrales acelerar los procesos de los hospitales y centros de salud, realizados por los gobiernos pasados, que tanto necesitan las comunidades.
El sistema 911 ya no es lo que en su momento ideó el club activo 2030 de Panamá, su tiempo de respuesta es enorme e inhumano y las ambulancias están en franco deterioro, vulnerando el derecho a una salud de calidad.
MUJER
La Violencia en Contra de la Mujer es una epidemia de dimensiones catastróficas que no solo, impacta al núcleo familiar que la padece, sino también, al resto del conglomerado social que igualmente se resiente ante semejante flagelo.
Para abordar integralmente la problemática, es obligatorio que articulemos espacios de diálogo, de colaboración y concertación con el fin de proponer acciones conjuntas y proyectos eficaces que nos acerquen a soluciones posibles y reales, ante este mal, que lamentablemente se incrementa dentro de nuestra sociedad.
Como una herramienta de prevención se creó el Observatorio Panameño contra la Violencia de Género (OPVG) que es un organismo interinstitucional, coordinado por la Defensoría del Pueblo de la República de Panamá, es por ello que hacemos un llamado a las 14 instituciones del Estado, las 10 Organizaciones no gubernamentales conformadas por mujeres y las 3 organizaciones de la sociedad civil que componen este Observatorio para que prontamente reactivemos este importante mecanismo, el cual nos ayuda disminuir la brecha existente entre la política pública y la realidad en que vivimos.
A su vez, el Ministerio de Seguridad debe generar políticas de seguridad y de prevención para combatir este flagelo.
DERECHO AL TRANSPORTE PÚBLICO DE CALIDAD Y EN CONDICIONES DE SEGURIDAD
Se ha detectado inconvenientes en la implementación del Sistema Metro Bus, donde una de las situaciones señaladas por los usuarios es la frustración por el mal servicio recibido.
Hacemos un énfasis especial, a la Autoridad del Tránsito y Transporte Terrestre, para que implemente los mecanismos de control a las Concesionarias, para que cumplan lo estipulado en cada contrato de concesión, en beneficio de los usuarios del transporte colectivo; ya que en los últimos meses ha sido de conocimiento público las acciones de violencia contra los usuarios al exigir sus derechos (tarifa, frecuencia, calidad de servicio, estado de las flotas) a nivel nacional.
Tenemos que invertir en una flota inclusiva para que personas con discapacidad y personas mayores puedan acceder fácilmente a las unidades de buses.
MEDIO AMBIENTE SANO
En atención al derecho a un ambiente sano, es sumamente preocupante el mal manejo de los desechos en nuestro país y la pésima ejecución de las concesiones otorgadas por el estado a nivel nacional, principalmente en el relleno sanitario de la ciudad capital. En este sentido esta institución continuará siendo vigilante de la denuncia que actualmente mantenemos ante el Ministerio Público.
En cuanto a la contaminación por agroquímicos, que ocupa el segundo lugar en quejas en contra del ambiente, es imperante hacer un llamado a las autoridades ante la falta de control en el uso de estos productos, ya que afectan la salud de las personas y a su vez contaminan las fuentes hídricas.
Exhortamos a que se incluya en los planes educativos asignaturas: de cultura ambiental, cambio climático y reciclaje para crear conciencia desde los niños, niñas y adolescentes.
Continuaremos como ente garante y socio estratégico para que las instituciones relacionadas hagan el debido seguimiento y fiscalización en el cumplimiento de las normas.
DERECHO A LA INTEGRIDAD PERSONAL
Mantenemos las recomendaciones puntuales a las autoridades para la adopción de políticas públicas de seguridad, que conlleven a evitar la afectación al derecho a la integridad personal entre éstas el trato inhumano, degradante, o que implique violencia física, psicológica, sexual o coacción moral; que garanticen la integridad personal de todos los habitantes del país.
PERSONAS BAJO CUIDADO DEL ESTADO
La política penitenciaria del Estado panameño evidencia una clara tendencia a la vulneración de los derechos humanos, la sobrepoblación que ronda el 38% de su capacidad demuestra que la infraestructura construida es insuficiente, de ahí que los recursos asignados no cubren las necesidades básicas como agua potable, servicios de salud, comida de calidad y programas de resocialización.
Necesitamos políticas claras y campañas para logar la reinserción de él o la privada de libertad en la sociedad.
De igual manera, es necesario garantizar la supervisión efectiva de las políticas estatales encaminadas a la reducción de riesgos de torturas o malos tratos hacia las personas que se encuentran en centros bajo la custodia del Estado.
Es importante recalcar la necesidad urgente de un censo penitenciario.
JUSTICIA COMUNITARIA DE PAZ
Nos mantendremos trabajando con los aliados estratégicos a fin de modificar la ley de Justicia Comunitaria de Paz, ante el inminente fracaso de esta, actualmente es la primera instancia del Estado que mantiene la mayor cantidad de quejas en su contra.
PERSONAS QUE VIVEN CON VIH
Esta institución de derechos humanos tiene una sincera preocupación por el aumento que mantenemos en nuestro país de los casos de VIH, sobre todo en personas jóvenes. Invitamos al gobierno nacional a ahondar esfuerzos para que las pruebas rápidas lleguen a todo el país, así como la necesidad de que los jóvenes tengan acceso a las mismas.
PERSONAS CON DISCAPACIDAD
En cuanto a las personas con discapacidad, mantenemos aún cifras desfazadas; la última encuesta fue en el año 2016, no hay inclusión financiera y tampoco una educación inclusiva. Panamá continúa siendo un país que no es amigable para las personas con discapacidad en movilidad.
Debemos de aplicar fehacientemente las normativas vigentes, respetando y garantizando el derecho al trabajo de las personas con discapacidad. Así como mejorar y actualizar la educación de las personas con discapacidad.
Tenemos aún la tarea de actualizar la terminología legal panameña a términos cónsonos y respetuosos con la dignidad de las personas con discapacidad.
Para esta institución de derechos humanos, es imperante la necesidad de que las personas con discapacidad sean sujetos de crédito, pero no con los requisitos y exigencias que actualmente mantienen los bancos hacia estas personas; somos de la opinión de que la banca a través de la Superintendencia Bancaria debe regular dichas operaciones sin discriminación de ninguna índole.
LGBTIQ+.
En otro contexto, es notorio, que el país aún no mantiene data con indicadores claros referentes a las personas LGTBIQ+, que ayuden a mejorar la calidad de vida y verificar la accesibilidad de sus derechos.
Consideramos que la población LGTBIQ+, es una población que debe ser reconocida como sujeta de derechos y que las múltiples opresiones producto del estigma y la discriminación que viven, han creado barreras en muchos ámbitos, incluyendo necesidades básicas, tales como el acceso a la salud, a un trabajo digno, a ser sujetos de crédito, entre otros.
Por ello, continuamos insistiendo a todas las personas que consideran han sido vulnerados sus derechos, a acercarse a esta institución a poner sus quejas; puesto que sin data o información no podríamos visibilizar la discriminación que se comenten en su contra.
A su vez instamos a las instituciones de gobierno y empresas privadas que se adhieren a las nuevas normas de Conducta Empresarial Responsable, a la sensibilización, educación y creación de espacios de diálogos abiertos para sus colaboradores y usuarios a fin de continuar visibilizando la realidad que viven en nuestro país las personas LGTBIQ+.
Recomendaciones y preocupaciones Ley 285 ley de protección integral que crea el Sistema de Garantías de niñez y adolescencia.
Con la aprobación de la Ley 285 de 2022, se adopta el cambio de paradigma de la política institucional referente a la necesidad de que el país evolucione con el modelo acorde a la Convención de los Derechos del Niño (CDN), lo cual nos complace y a la vez nos preocupa que su implementación se muestra desacelerada.
Nos preocupa la necesidad de fortalecimiento técnico y de coordinación en las instituciones para la implementación de la Ley 285 de 2022, a través de la corresponsabilidad de los actores del sistema, a su vez nos preocupa la aplicación del sistema a nivel local, ya que la Ley va para un año y aún no se ha logrado establecer el mismo, ni aplicación de la reglamentación.
Este cambio de sistema es necesario para prevenir que la institucionalización de niños, niñas y adolescentes se mantenga como primera medida, y se apliquen nuevas alternativas de acogimiento y apoyo familiar.
Entre nuestras recomendaciones para la implementación de la Ley 285, está el lograr los apoyos para fortalecer nuestro rol en atención a las nuevas atribuciones de la Defensoría del Pueblo, lo que vemos una oportunidad en las nuevas responsabilidades y funciones de la Instiitución, las cuales nos otorga un rol beligerante y activo en todos temas de niñez y adolescencia.
Tenemos retos que enfrentar tales como: presupuesto, necesidad de personal en sede y en provincias.
ALBERGUES
En el corto plazo, vemos que la debilidad que aún mantenemos en el sistema de protección en lo concerniente a los albergues continuará, si no robustecemos los programas para fortalecer a las familias, y darle herramientas para que sean funcionales; a su vez que los Juzgados de Niñez y adolescencia comprendan que las medidas relacionadas a la permanencia de los niños en familias deben responde al interés superior del niño, y que en ciertos casos la respuesta para estos niños tengan restituidos su derecho a la familia es la adopción.
Tenemos la necesidad de país, de establecer un centro especializado para la atención integral de los niños, niñas y adolescentes con enfermedades mentales graves, que a su vez trabaje con las familias para lograr la inclusión de estos a la sociedad.
Actualmente carecemos de este espacio dejando de lado la atención de la salud mental de la niñez y adolescencia, consideramos que las instituciones regentes (MIDES, MINSA) deben atender a las personas menores de edad ya que el sistema de salud no admite a niños y/o adolescentes que requieran de una atención especializada.
MIGRANTES
Debemos seguir trabajando en los acuerdos multilaterales, para atender de forma integral la situación del flujo migratorio, para que exista una mejor comunicación y sinergia entre los países de origen, tránsito y destino.
Consideramos importante, no descuidar las necesidades de las comunidades de tránsito, así como también sensibilizar a los pueblos originarios, que la migración es un derecho humano establecido constitucionalmente.
Consideramos fundamental, que las solicitudes de refugio sean tramitadas respetando los términos de la Ley.
Los espacios amigables para los niños, niñas y adolescentes son gestionados por organismos internacionales, es necesario que se considere que el Estado lo asuma una vez culmine el apoyo de la cooperación internacional.
Que los Niños, Niñas y Adolescentes migrantes tengan un real y efectivo acceso a la salud y a la educación.
En resumen, Panamá continúa afrontando situaciones sociales como: la pobreza, salud, educación, seguridad, desempleo y el acceso a servicios públicos que, en muchas ocasiones, se transforman en violaciones de los derechos humanos, lo que hace necesario la articulación de políticas públicas dinámicas y efectivas, en las que los derechos humanos sean prioridad.
Ha sido un año con mucha conmoción, donde las personas han hecho sentir sus necesidades. Sin embargo, creemos que se está trabajando en positivo, pero seguimos manteniendo deudas pendientes como país.
Acceso a la educación de calidad, la cual es una corresponsabilidad de todos Estado, comunidad educativa y familia.
Acceso a la salud integral. sobre todo, medicamentos y salud reproductiva.
Combatir la mora judicial y atender la justicia comunitaria.
Atacar frontalmente con políticas públicas a largo plazo en cuanto a las causas de los femicidios.
Combatir la drogo dependencia y atender a las personas en situación de calle.
Trabajar en un Panamá más inclusivo para personas mayores y personas con discapacidades.
Trabajar en planes entre la sociedad civil y gobierno para erradicar todo tipo de conducta de odio contra personas.
Los derechos humanos es tarea de todos y todas, por lo que debemos continuar incluyendo a las empresas para que sean parte en los planes de gobierno y aplicar las políticas que nos habla la conducta empresarial responsable, en conjunto con políticas públicas que incentiven a dichas empresas a mantener programas y proyectos a favor de los derechos humanos.
Si seguimos caminando en positivo todos, gobierno, comunidad, empresa privada y sociedad civil podemos construir un mejor Panamá, más humano, justo, comprensivo, inclusivo, igualitario y respetuoso.
Sin dejar a nadie atrás.
