La Defensoría del Pueblo de la República de Panamá, hace de conocimiento público que desde el día lunes 18 de enero, ha estado atendiendo una delegación de nicaragüenses, quienes se apersonaron a la entidad solicitando apoyo para regresar a su país natal, ante las afectaciones económicas generadas por la pandemia del Covid-19 a nivel mundial.
Durante esta semana, Eduardo Leblanc González, Defensor del Pueblo de Panamá, sostuvo una reunión con el embajador de Nicaragua en Panamá, Marvin Ortega, quien advirtió sobre un Decreto Ejecutivo de la República de Costa Rica de 5 de enero, el cual mantiene cerrada la frontera tico-panameña hasta el 1 de febrero de 2021.
Asimismo la Defensoría del Pueblo conversó con la Directora de Migración de Panamá, Samira Gozaine, quién confirmó que si Costa Rica los acepta, migración panameña les otorga la salida, al igual si Nicaragua emite alguna resolución donde establece que los acoge para volver a su suelo patrio.
Igualmente, la entidad panameña rectora de los derechos humanos, estableció comunicación con la Defensora de los Habitantes de Costa Rica, Catalina Crespo a fin de establecer un puente humanitario que permita el paso por Costa Rica al grupo de 115 familias nicaragüenses, sin embargo, se informó que la Policía Profesional de Migración del hermano país, durante este mes por una compleja situación presupuestaria no podrá apoyar el tránsito de la “Burbuja Humanitaria” de las personas nicaragüenses que se encuentran en Panamá.
Por tal motivo, la Defensoría del Pueblo de Panamá insta a los Estados de la región a agilizar los procedimientos y la coordinación entre ellos para asegurar el retorno expedito, seguro y digno del grupo de nicaragüenses varados en Panamá, quienes aducen no tener ingresos para su manutención, ya que entregaron alquileres y vendieron objetos de valor para retornar a Nicaragua.
La Defensoría del Pueblo de Panamá hace un llamado a los Estados en especial al Gobierno Costarricense a continuar con el compromiso de responder a las necesidades de los migrantes que se encuentran en situaciones de vulnerabilidad y de crear un corredor humanitario para la migración segura, así como la emisión de salvoconductos para facilitar el tránsito y retorno voluntario en condiciones de seguridad y dignidad, de las personas migrantes por los países de la región.
