El 8 de marzo, Día Internacional por los Derechos de las Mujeres, es una fecha propicia para hacer una reflexión sobre los avances y principales retos en la materia; incluyendo las amenazas para el reconocimiento pleno de los derechos humanos de las mujeres.
En lo que respecta a la participación económica, un 55% de las mujeres de 15 años y más, se encontraban económicamente activas, sin embargo, sigue siendo poco, respecto al 79% de los hombres de la misma edad. Brecha que se amplía en el caso de la población rural, 52% de las mujeres, frente a un 84% de los hombres.
El trabajo del hogar no remunerado, sigue estando mayormente a cargo de las mujeres, lo que se traduce, ante la ausencia de políticas públicas de cuidado, en un obstáculo para su autonomía física, política y económica. Para el año 2019, 34712 mujeres señalaron que no pueden buscar trabajo porque que no encuentran quien se ocupe de las/os niñas/os; 187804, debido a otras responsabilidades familiares; y 9974 por razones de embarazo.
Esto debe representar un llamado al Estado, de la necesidad de establecer una política pública, que incluya entre otras acciones, servicios estatales para el cuidado de la niñez, de las personas adultas mayores y de las personas con discapacidad, entre otras; así como campañas permanentes que promuevan la corresponsabilidad de los hombres en el trabajo del hogar, desde la compresión, que es un asunto que compete a toda la población.
En el ámbito de la salud, continúa siendo alarmante los embarazos en la adolescencia, más aún cuando por las edades de las víctimas, se podría presumir que muchos son producto de delitos sexuales. Para el 2018, 522 (0.7%) de los nacimientos vivos, eran de niñas menores de 15 años y 12840 (17%), de adolescentes entre 15 a 19 años. La mortalidad materna, también se mantiene como una problemática, que afecta mayormente a las mujeres indígenas; para el mismo año, de los 35 casos de muertes maternas, 11 (31%) de las mismas, fueron en la Comarca Ngäbe Buglé; y 3 (9%), de adolescentes de 15 a 19 años.
En este ámbito, es importante fortalecer los esfuerzos para la prevención; por lo que esperamos, que el compromiso de implementar una educación en sexualidad, con perspectiva de género y desde un enfoque de derechos humanos, finalmente se concrete en esta administración del Estado.
La urgencia de la incorporación de la educación en sexualidad, también se evidencia al observar los casos de femicidios, violencia doméstica y delitos sexuales; puesto que la educación, es una de las formas de intervención que permitiría impactar en el cambio de los imaginarios colectivos que oprimen a las mujeres. El año 2019 culminó con 26 femicidios, 21 consumados y 5 en grado de tentativa; 16851 denuncias de violencia doméstica; y 6883 denuncias de delitos sexuales, siendo principalmente las víctimas, niñas y adolescentes.
En cuanto a la participación política, nos hemos movido un paso, de 16 Ministerios, 5 (31%) están dirigidos por mujeres; en la Asamblea Nacional, se aumentó 1 escaño; en la Corte Suprema de Justicia, se elevó a 33% la presencia de las mujeres.
Reconocemos que cada día hay un mayor conocimiento de las normas que garantizan los derechos humanos de las mujeres en los diversos ámbitos y cada vez son más las mujeres que participan de la vida pública. Sin embargo, existen poblaciones de mujeres aún rezagadas, por razones de condición económica, exclusión social, etnia, edad, orientación sexual, identidad o expresión de género, condición de salud o discapacidad, privación de libertad, entre otras.
Como Institución Nacional de Derechos Humanos, no podemos dejar de observar, la presencia de un movimiento anti-derechos humanos en la región, del cual Panamá no escapa, que se convierte en una amenaza particular a los derechos de las mujeres; por lo que también hacemos un llamado al Estado, para que todas las acciones que se desarrollen, incluyendo las políticas públicas, reformas o propuestas legislativas, se sustenten a la luz del derecho internacional de los derechos humanos.
Este año, el lema de las Naciones Unidas, para el 8 de marzo es “Soy de la Generación Igualdad: Por los derechos de las mujeres”. En Panamá nos encuentra con un movimiento de mujeres fortalecido y con la presencia de mujeres jóvenes, que no han dudado de alzar su voz ante las vulneraciones a los derechos de las mujeres, con la esperanza de avanzar y no retroceder en lo alcanzado.
Desde la Defensoría del Pueblo nos mantendremos alerta, trabajando y acompañando los esfuerzos que surjan, para el reconocimiento y vigencia de los derechos de las mujeres.
Panamá, 8 de marzo de 2020
