Los derechos humanos, las funciones de la Defensoría del Pueblo y los derechos de las personas que viven con VIH, fueron algunos de los temas planteados por la oficina regional de Herrera de la Defensoría del Pueblo durante el desarrollo de una jornada socio educativa para conmemorar el día del Trabajador Social.

Con el propósito de destacar la importancia en la elaboración de un Plan de Acción Nacional en el combate y eliminación de todas las manifestaciones de racismo, discriminación racial, xenofobia y formas conexas de intolerancia, personal de la Defensoría del Pueblo participaron de un seminario sobre Derechos Humanos de las Poblaciones Afrodescendientes en Centroamérica.

Con el objetivo de conocer la problemática migratoria, los flujos mixtos de migrantes  y  la   situación de las personas que buscan protección internacional  (refugio) en Panamá, recientemente  la analista internacional, Karina Li, de la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales de  Costa Rica (FLASCO),  realizó una visita de cortesía a la Defensoría del Pueblo.

Según Li, esta entidad costarricense realiza un diagnóstico sobre la situación actual, tendencias, necesidades de protección y asistencia de las personas migrantes y refugiadas extra continentales en México y América Central.

Además,  señaló que este estudio tiene como objetivo mejorar el conocimiento de los flujos migratorios mixtos extra continentales  provenientes de Asia, África, y particularmente de Panamá.

Durante el encuentro, personal de la Unidad de Migrantes y Refugiados de la Defensoría del Pueblo respondió  las interrogantes de la analista internacional y realizó un análisis de la situación actual  en el tema migratorio y de refugio.

Entre los principales puntos se mencionaron las violaciones a los derechos fundamentales de estos grupos debido a que  no se está siguiendo con el debido procedimiento para el reconocimiento de la condición de refugiado,  establecido en el Decreto Ejecutivo No. 23 de 1998.  De igual forma,  y pese a que la ley lo señala, la Oficina Nacional para la Atención del Refugiado (ONPAR) no cuenta con traductores públicos especializados que puedan atender a personas de origen extra continental.

También, se manifestó la preocupación de la  Defensoría del Pueblo en cuanto a deportaciones y rechazos en fronteras, o la no admisión al territorio sin referir los casos a las autoridades competentes,  lo que va en contra del principio de “non-refoulement” que además de encontrarse recogido en la Convención de 1951, está plasmado en el artículo 3 de la “Convención contra la Tortura y otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos y Degradantes”,  la que también ha sido ratificada por el Estado panameño.

Miembros de la Comisión Especial designada por el Gobierno para la investigación de los hechos ocurridos en Bocas del Toro visitaron  la Defensoría del Pueblo para conversar e intercambiar información referente a los disturbios acaecidos en julio pasado en esa provincia.

Los comisionados Rubén Castillo, Roberto Troncoso, Aníbal Galindo y Julia Suira explicaron al Defensor del Pueblo, Ricardo Julio Vargas, cuáles son las funciones que desempeña esta comisión y, además, le solicitaron detalles y por menores de las diligencias realizadas por la Defensoría para la elaboración del informe preliminar de estos hechos.

Por su parte, el Ombudsman señaló que varias comisiones defensoriales realizaron entrevistas a dirigentes sindicales y moradores del área. Además, visitaron centros hospitalarios y  penitenciarios para evaluar la situación de las personas afectadas luego de los enfrentamientos.

La Defensoría del Pueblo próximamente hará la presentación del Informe Final de estos hechos, cuando culmine las investigaciones que realiza esta entidad para la compilación de este documento, señaló Vargas.

Como parte del relanzamiento de la campaña “Me has quitado el estacionamiento, ¿Quieres también mi discapacidad?, la Defensoría del Pueblo realiza una jornada de volanteo y colocación de afiches que tienen como objetivo crear conciencia e incentivar a las personas sobre el buen uso de los aparcamientos públicos destinados exclusivamente para las personas con discapacidad.

Personal de la Defensoría distribuyó material informativo a los transeúntes de diferentes puntos del área metropolitana, entre ellos: calle 50, Transístmica, 12 de octubre, vía España, Tumba Muerto, Bella Vista, Obarrio, Paitilla y la vía Fernández de Córdoba.

Cabe destacar que el Defensor del Pueblo, Ricardo Julio Vargas, recientemente relanzó la campaña institucional “Me has quitado el estacionamiento, ¿Quieres también mi discapacidad?, refrescando su imagen, que en esta ocasión cuenta con el apoyo del destacado atleta panameño, César Barría, quien a pesar de presentar una discapacidad ha alcanzado a través del nado hazañas impactantes, que van desde atravesar el Canal de la Mancha y el Estrecho de Gibraltar.

La Sede Regional de la Defensoría del Pueblo en Darién participó en una Feria Educativa organizada por la Universidad de Panamá en la provincia, con el propósito de dar a conocer a la población allí presente la labor que realiza la institución, en la promoción y protección de los derechos humanos.

La actividad fue propicia para distribuir material informativo y didáctico entre los asistentes, a fin de que conozcan y acerquen aún más sus conocimientos por el respeto de los derechos de todos y todas.

Con el objetivo de intercambiar experiencias y hacer un recuento de las actividades que se realizan  en la promoción y protección de los derechos humanos en nuestro país, personal de  la Embajada de Estados Unidos de América efectuó una visita de cortesía a la Defensoría del Pueblo.

La ocasión fue propicia para presentar a la nueva Oficial de Derechos Humanos de esa delegación diplomática, Michele Roulbet.

Este encuentro culminó en una reunión de trabajo donde se examinó información básica sobre las actividades y gestiones desarrolladas este año con los directivos y  oficiales de esta entidad responsables de las áreas de: Protección de Derechos Humanos; Relaciones Internacionales; Educación, Promoción e Investigaciones Académicas; Derechos de las Mujeres; Oficina de Supervisión de los Derechos Humanos de las Personas Privadas de Libertad;  y Unidades Especializadas (Migrantes y Refugiados, Pueblos Indígenas, Niñez  y Adolescencia, VIH y Discapacidad).

Representantes del Comité Internacional de la Cruz Roja(CICR)  visitaron la Defensoría del Pueblo, oportunidad aprovechada para presentar a  Karl Mattli, como jefe de la Delegación Regional de esa entidad internacional.

En la reunión dieron a conocer  las actividades y programas de asistencia y de prevención de la violencia, que el Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR) realiza en la región, así como destacaron la importancia del Derecho Internacional Humanitario, cuyas normas convencionales o consuetudinarias de carácter internacional procuran la solución a situaciones de índole humanitario que son consecuencia  de conflictos armados.

Los representantes de la Cruz Roja  se interesaron en conocer las actuaciones y diligencias llevadas a cabo por la Defensoría, en los sucesos acaecidos en Bocas del Toro, cuyo Informe conocieron antes de su arribo al país, felicitando y manifestando su apoyo a la ardua y compleja tarea en la difusión y protección de los derechos y garantías de los habitantes en suelo istmeño.

El Defensor del Pueblo, Ricardo Julio Vargas y su equipo directivo ha sostenido reuniones con la Adjunta de la Alta Comisionada de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Kyung-wha Kang,  representantes de organismos sindicales internacionales, entre estos, la Internacional de la Construcción y la Madera (ICM), la Organización Internacional del Trabajo (OIT), la Confederación Sindical Internacional, con quienes  ha analizado y hecho  balance de la situación actual de los  Derechos Humanos, tanto en el plano nacional como internacional.

Miembros del Club Activo 20-30 acudieron a la Defensoría del Pueblo, para presentar a la institución el Proyecto Meta de la XXV versión de la Teletón 20-30, que este año se realizará los días 10 y 11 de diciembre, cuyo objetivo es beneficiar a la niñez panameña que padece de cáncer.

Los visitantes, Giacomo Tamburelli y Roberto Saaavedra, miembros del 20-30, fueron recibidos por el Secretario General de la Defensoría del Pueblo, Carlos Vásquez, a quien explicaron las diferentes formas en que la institución y sus funcionarios pueden donar y contribuir  a esta noble causa.

Entre los proyectos que se tienen previstos efectuar con las donaciones recaudadas durante la Teletón 20-30, 2010 están: el equipamiento al Instituto Oncológico Nacional; el equipamiento a la sala de hemato-oncología del Hospital José Domingo de Obaldía; la remodelación de la sala de quimioterapia ambulatoria y la sala de hospitalización del Hospital de Especialidades Pediátricas de la Caja de Seguro Social; y el equipamiento de la sala de quimioterapia ambulatoria y la sala de hospitalización del Hospital del Niño.

Un total de ocho infracciones fueron impuestas durante un operativo nocturno realizado por la Sede Regional de la Defensoría del Pueblo en Chiriquí, en conjunto con la Autoridad del Tránsito y Transporte Terrestre (ATTT) de la provincia, donde se comprobó que estos conductores utilizaban indiscriminadamente los estacionamientos destinados para las personas con discapacidad.

Los sitios donde se encontró a los vehículos infringiendo la Ley 42 de 1999, sobre equiparación de oportunidades para las personas con discapacidad, fueron: Súper Barú, el Baco General, Universidad de Las Américas, Casino del Hotel Nacional,  Restaurante KFC y Plaza Real.

La oportunidad fue aprovechada para educar a las personas sobre el uso correcto de estos aparcamientos, que en su artículo 56 que “las autoridades del tránsito sancionarán con multa de B/ 50 a todo vehículo estacionado en lugar no autorizado designado para uso exclusivo de usuarios de sillas de ruedas o casos especiales, y en caso de reincidencia la sanción aplicada se irá duplicando en forma sucesiva”.

Cabe destacar que califican para utilizar los estacionamientos destinados para las personas con discapacidad quienes tengan incapacidad de caminar sin la asistencia de una ayuda técnica u otra persona, personas en sillas de ruedas,  que utilicen oxígeno portátil, en caso de ceguera, insuficiencia respiratoria severa o cardiaca severa y la severa limitación para caminar debido a condiciones de origen artrítica, neurológica u ortopédica.

En cada uno de los casos antes señalados, la persona debe portar el permiso de uso de los estacionamientos que expide la Secretaría Nacional de Discapacidad (SENADIS) y llevar el certificado médico especificando la discapacidad que padece. 

La Defensoría del Pueblo continuará con estos operativos, que forman parte del seguimiento a la campaña: Me has quitado el estacionamiento, ¿Quieres también mi discapacidad?, que impulsa la institución a nivel nacional.

La Oficina Regional de la Defensoría en Chiriquí capacitó a 37 miembros de la Parroquia San Juan Bosco, ubicada en la barriada San José, distrito de David, ofreciendo información relativa a los derechos humanos de las personas con discapacidad y los derechos de las personas que viven con el VIH o Sida.

Durante la jornada, se explicó a los presentes las legislaciones nacionales vigentes que ampara a cada uno de estos grupos, considerados como vulnerables dentro de la sociedad, entre ellas la Ley 42, de 27 de agosto de 1999, que establece la equiparación de oportunidades para las personas con discapacidad; y la Ley 3, de 5 de enero de 2000, sobre las infecciones de transmisión sexual, el Virus de Inmunodeficiencia Humana (VIH) y el Sida.

Una vez culminada la actividad, los participantes agradecieron la iniciativa de la Defensoría del Pueblo y solicitaron ampliar las capacitaciones de esta índole a los miembros de otras iglesias, para que se conozcan los derechos humanos de estos grupos, y ellos a su vez ser agentes multiplicadores para garantizar el respeto de los mismos.

La Defensoría del Pueblo, como entidad rectora y promotora de los derechos humanos, continuará con el proceso de divulgación de las normativas e instrumentos internacionales adoptados por el país para que los ciudadanos alcancen el pleno goce de sus garantías fundamentales.

La Defensoría del Pueblo convocó la octava sesión de trabajo de la Mesa Penitenciaria, iniciativa de coordinación interinstitucional tendiente a lograr el mejoramiento de las condiciones de quienes se encuentran en los Centros Penitenciarios de la provincia, y especialmente, la Cárcel Pública de David, formulando las recomendaciones correspondientes.

En el desarrollo de la reunión fueron expuestas situaciones elevadas al conocimiento de esta Institución Nacional de Derechos Humanos, entre estas, que los internos puedan acudir oportunamente a sus citas médicas con los especialistas, solicitando para ello, que puedan destinarse más unidades de la Policía Nacional para dicha labor.

Por su parte, Hernán Mora, de la Fiscalía Segunda Superior informó que se encuentran evaluando la posibilidad de trasladarse a la Cárcel Publica de David para notificar a los privados de libertad con el objetivo de reducir la cantidad de traslados que debe realizar dicha institución, y cumplir así, con las citas médicas programadas.

En otro orden de ideas, los miembros de la Mesa Penitenciaria coincidieron en la necesidad de crear un centro para las adolescentes en riesgo social, así como para los que enfrentan problemas con la Ley.

Al respecto, Rodney Moreno, Asesor Legal del Ministerio de Desarrollo Social (MIDES), expresó que se encuentra en estudio dos opciones, por lo que han realizado las gestiones pertinentes para conseguir la donación de un terreno, y además, mantienen conversaciones con el Club Soroptimista para la consecución de un lugar para los jóvenes.

Los miembros de Mesa Penitenciaria acordaron efectuar una nueva sesión de trabajo el día el 22 de octubre de 2010.

El Ombudsman, Ricardo Julio Vargas expresó recientemente, que todavía quedan muchos problemas por resolver en materia de Sistema Penitenciario y que la Defensoría esta dispuesta a brindar su apoyo a las medidas que procuren su mejoramiento, como ha venido haciéndolo en el marco del Consejo de Política Penitenciaria.

En el marco de las inspecciones a  las concesiones de minerales no metálicos en la provincia de Panamá, la Defensoría del Pueblo conjuntamente con la Dirección de Recursos Minerales del Ministerio de Comercio e Industrias (MICI) visitaron la empresa GETHSA INTERNACIONAL, S.A., ubicada en el corregimiento de San Martín, que se dedica a la extracción de arena continental, en un área de 500 hectáreas.

Durante el recorrido, la Comisión Defensorial no detectó ninguna irregularidad en el lugar, ni daños al ambiente, aunque esta concesión mantiene cinco quejas en esta entidad por deforestación, erosión del río Pacora y sus afluentes, construcción de puentes sin autorización y daños a las vías del Corregimiento de San Martín.

Personal de Asuntos Ecológicos de la Defensoría del Pueblo observó en ese momento que la empresa no estaba realizando extracción porque cumplía con trabajos de mantenimiento en todas las áreas, incluyendo tres tinas que sirven de filtro para mitigar la erosión natural del material hacia el río cercano o predios adyacentes.

Igualmente, se verificó que cerca de la empresa no existen residencias o comunidades que puedan verse afectadas directamente con los trabajos que se realizan. La carretera que lleva a GETHSA INTERNACIONAL, S.A. está deteriorada, sin embargo, habría que determinar si es por la falta de mantenimiento o por el paso de los camiones hacia y desde la concesión.

Asimismo, se inspeccionó el río San Martín, afluente del río Pacora, ubicado aproximadamente  a 400 metros de la concesión minera. No se constataron trabajos de extracción de la empresa en las áreas inspeccionadas, tampoco sedimentación o afectaciones al ecosistema (flora y fauna).

La empresa no está efectuando actualmente dentro del área de concesión programas de recuperación de terrenos (reforestación o relleno con desechos de material) porque según sus representantes, esta es una concesión nueva.

La Oficina Regional de la Defensoría del Pueblo en Chiriquí capacitó en materia de derechos humanos a unidades de la Policía Nacional de David y a funcionarios del Órgano Judicial del Tercer Distrito Judicial de esa provincia.

Durante la jornada se explicó a los presentes la labor que desempeña la Defensoría del Pueblo, en relación a la Ley 42 de 1999, por la cual se establece la equiparación de oportunidades para las personas con discapacidad.

También se abordaron aspectos de la Ley 3 de 5 de enero de 2000 referentes a la Ley General sobre las Infecciones de Transmisión Sexual, el Virus de la Inmunodeficiencia Humana y el SIDA; además de los Derechos de los Niños y de los Migrantes.

La Defensoría del Pueblo continuará promoviendo a través de estas capacitaciones el aprendizaje y difusión de las garantías fundamentales que son esenciales para el respeto, protección y efectiva vigencia de los derechos humanos.

Recientemente, la Defensoría del Pueblo inició el Diplomado en Derechos Humanos, dirigido a funcionarios del Órgano Judicial, Ministerio Público, Ministerio de Educación y otras entidades estatales.

Durante cinco meses, estos servidores públicos  recibirán diferentes módulos dictados por profesores de la Universidad de Latina, que les ayudarán a trabajar en la defensa, promoción, educación o investigación de los derechos humanos.

El objetivo de esta iniciativa es brindar las bases teóricas y las herramientas prácticas para la comprensión de la doctrina y la aplicación de la normativa que protege los derechos humanos.

Las materias que componen este Diplomado son: Fundamentos y Desarrollo Histórico de los Derechos Humanos,  Derecho Internacional de los Derechos Humanos y Derecho Interno, Sistemas de Protección de los Derechos Humanos y la Educación en Derechos Humanos y Valores.

Para el Defensor del Pueblo, Ricardo Julio Vargas, el inicio de este diplomado  es sumamente importante porque sensibilizará a distintos sectores sociales para que puedan transmitir esos conocimientos y evitar así que se vulneren los derechos fundamentales de la población, y también porque fue el primer objetivo planteado por esta entidad  luego de construir la Escuela de Derechos Humanos, Dr. Indalecio Rodríguez..

Este Diplomado de Derechos Humanos se realiza mediante convenio firmado entre la Defensoría del Pueblo y la Universidad Latina de Panamá, con el fin de potencializar la promoción de los derechos desde el plano académico y formativo de la ciudadanía. 

Con el propósito de dar a conocer  su respaldo y solidaridad a las organizaciones obreras en el país, además de intercambiar criterios sobre  la situación de los derechos humanos de los trabajadores, en especial de aquellos que laboran  en la ampliación del Canal de Panamá, representantes de la Internacional de la Construcción y la Madera (ICM), la Organización Internacional del Trabajo (OIT), la Confederación Sindical Internacional y de las empresas encargadas de esta mega obra se reunieron con integrantes de la Defensoría del Pueblo.

La Junta Directiva de la Caja de Seguro Social, atendiendo petición del Defensor del Pueblo, Ricardo Julio Vargas le concedió Cortesía de Sala, oportunidad en la que dio a conocer las gestiones que la Defensoría del Pueblo ha realizado y continúa efectuando con motivo de las situaciones expuestas por miembros de la Coordinadora Nacional de Gremios Unidos, relativas a acciones de personal que consideran, afectan sus derechos y conquistas gremiales,

La Defensoría del Pueblo y el Ministerio de Gobierno (MINGO) suscribieron un Convenio de Cooperación, a fin de promover la adecuada preparación y capacitación de los custodios que laboran en los diversos Centros Penitenciarios y de Cumplimiento de la República de Panamá en materia de derechos humanos.

El acuerdo fue suscrito por el Defensor del Pueblo, Ricardo Julio Vargas, y la Ministra de Gobierno, Roxana Méndez, quienes coincidieron que las distintas instituciones y organizaciones que conforman el Consejo de Política Penitenciaria deben sumar esfuerzos mancomunadamente para transformar la situación crítica en que se encuentra actualmente el Sistema Penitenciario.

El Ombudsman elogió la iniciativa del MINGO, manifestando que este Convenio sella el compromiso que tiene la actual Ministra de promover el respeto y trato digno a  la población penitenciaria.

Por su parte, la Ministra de Gobierno, Roxana Méndez, indicó que la consolidación de la participación de estas y otras entidades u organizaciones que se sumen a la iniciativa no es más que un esfuerzo a favor de la rehabilitación de las personas privadas de libertad, su bienestar y el respeto a sus derechos humanos.

Durante la jornada, además el MINGO suscribió acuerdos de cooperación con otras organizaciones  como la Iglesia Católica, el Instituto Nacional de Cultura (INAC) y el Instituto Nacional de Formación Profesional y Capacitación para el Desarrollo Humano (INADEH).

El Consejo de Política Penitenciaria, integrado por diversas instancias y organizaciones, entre ellas la Defensoría del Pueblo, realizó su segunda sesión luego de haber reactivado funciones, donde se presentó el Plan Operativo de este organismo  hasta fin de año, con el propósito de marcar la ruta de avance hacia la transformación y modernización del Sistema Penitenciario.

Durante su intervención, el Defensor del Pueblo, Ricardo Julio Vargas, resaltó la labor que hasta el momento ha adelantado la Ministra de Gobierno, Roxana Méndez, mencionando la iniciativa de convocar a los integrantes del  Consejo, como un importante avance. “Esta iniciativa envía una señal importante, sobretodo del compromiso que tiene la actual administración de jerarquizar la situación del Sistema Penitenciario”, agregó.

Igualmente el Defensor dejo en claro que todavía quedan muchos problemas por resolver en materia de Sistema Penitenciario y que la Defensoría esta dispuesta a brindar su apoyo a las medidas que procuren el mejoramiento del Sistema.

En la segunda sesión del Consejo de Política Penitenciaria además se efectuó una  presentación sobre el uso de los brazaletes de seguridad para los privados de libertad, que a juicio de la Ministra de Gobierno, Roxana Méndez, es un proyecto que la cartera a su cargo ha considerado y está reevaluando para su adquisición y correcta utilización.

Cabe destacar que el Consejo de Política Penitenciaria se reactivó el 21 de julio pasado, luego de estar por más de un año inactivo. Según la Ley Nº 55 de 2003, que regula  el Sistema Penitenciario, el Consejo es un organismo asesor que debe definir las políticas penitenciarias, estudiar y presentar recomendaciones sobre las infraestructuras carcelarias, promover la rehabilitación “biosicosocial” y asesorar en materia de prevención y atención de los detenidos, entre otras cosas.

Este organismo está integrado por el  Ministerio de Gobierno, la Corte Suprema de Justicia, la Procuraduría  General de la Nación, la Defensoría  del Pueblo, la Dirección General del Sistema Penitenciario, representantes de la Comisión de Derechos Humanos de la Asamblea Nacional, la Policía Nacional, las Iglesias, el Instituto de Defensoría de Oficio, el Colegio Nacional de Abogados, el Instituto de Criminología  y organismos de derechos humanos y penitenciarios, y es convocado por la Ministra de Gobierno.

El Defensor del Pueblo, Ricardo Julio Vargas, sustentó ante la Comisión de Presupuesto de la Asamblea Nacional el presupuesto de esta entidad para el año fiscal 2011 el cual asciende a 3.8 millones de dólares.

De acuerdo al Ombudsman, este presupuesto asignado solo representa el 0.03 % del presupuesto general del Estado y de este el 64% es para gastos de funcionamientos y un 32% para gastos operativos.

“Con lo aprobado podremos cumplir mínimamente con las demandas de la sociedad que cada día son más crecientes”, puntualizó Vargas.

La Oficina Regional de la Defensoría del Pueblo en Darién participó en una reunión en la comunidad de Metetí para tratar la problemática sobre la  adjudicación de tierras en la Laguna de Matusagaratí.

En la sesión  que  se llevó a cabo a solicitud del Comité Alianza por un Mejor Darién (AMEDAR)  se solicitó un informe a las autoridades y se abordó el tema de  la protección de este recurso hídrico que consta de 49 mil 249 hectáreas.

En la reunión participaron Dorindo Moreno, Gobernador de la provincia de Darién;  Evidiel Ramos, Representante del corregimiento de Río Iglesia; Franklin Quintero,  Director Provincial del Ministerio de Desarrollo Agropecuario (MIDA); Nobel Castro, encargado de Áreas Protegidas de la Autoridad Nacional del Ambiente (ANAM);  representantes del AMEDAR; y más de  treinta moradores provenientes de diferentes comunidades del área de la carretera.

Durante este encuentro se lograron diversas respuestas por parte de las autoridades,  entre estas, el Director del MIDA quien manifestó que ellos solo dan trámites a titulación en áreas que han tenido el visto bueno de la ANAM.

Por su parte, el representante de  la ANAM explicó que en el área ya existe un  Estudio de Impacto Ambiental aprobado, y además presentó un informe con algunos mapas que mostraban el área de la laguna y  los humedales.

El Gobernador de la Provincia de Darién manifestó que iniciará investigaciones para  establecer si esas tierras podían ser adjudicadas o no,  y también determinará si algún servidor público de las instituciones relacionadas con estas tierras,  incurrió en algún acto contrario a las leyes.

La Jefa de la Oficina Regional de la Defensoría  del Pueblo, Maribel Peña brindó detalles sobres el  avance de las investigaciones y afirmó que profundizarán las mismas, examinando las respuestas de las autoridades con las normas legales que regulan la situación, así como las conclusiones y recomendaciones, que serán dadas a conocer en la Resolución, que en su momento, será dictada por el Defensor del Pueblo, Ricardo Julio Vargas.

La Oficina Regional de San Miguelito realizó una inspección en la comunidad de El Valle de Las Praderas de San Antonio para evaluar la situación  que afronta la población del área,  luego de las inundaciones ocasionadas por el desbordamiento del río Juan Díaz.

Esta comunidad ha sufrido inundaciones durante los años 2004, 2008 y 2010, con las consecuentes pérdidas económicas que representan este tipo de eventos naturales que afectan directamente a los residentes de ese sector.

Según los residentes, que el Estudio de Impacto Ambiental correspondiente,  concluyó que el sitio en que se construiría  la barriada es  inundable, pero que la empresa constructora Casas Grandes se comprometió a adoptar todas las medidas que  previnieran que se anegara.

Además, manifestaron que se han acercado al Ministerio de Obras Públicas (MOP),  la Autoridad Nacional del Ambiente (ANAM),  y el Municipio de San Miguelito, sin que hasta el momento les hayan encontrado una solución satisfactoria a este  problema, pues temen que la situación  se agrave  producto de los trabajos que se realizan en el río Juan Díaz,  como parte del Proyecto de Saneamiento de la Bahía de Panamá, ya que han sido talados gran parte de los árboles que servían de barrera natural y que evitaban en muchas ocasiones, que este se desbordara en la época lluviosa.

El Defensor del Pueblo, Ricardo Julio Vargas ordenó el inicio de las investigaciones correspondientes  para que se deslinden responsabilidades, se atiendan los justificados requerimientos de los moradores  e impongan sanciones a la empresa responsable de la construcción de esta Urbanización en un área  inundable, además de reiterar que las autoridades públicas deben abstenerse de otorgar permisos y autorizaciones o licencias a quienes promuevan proyectos comerciales, turísticos, recreativos y/o residenciales en zonas de riesgo o terrenos altamente susceptibles a la erosión.

Con el personal responsable de la Unidad de Niñez y Migrantes y Refugiados, la Oficina Regional de la Defensoría del Pueblo en Darién, llevó a cabo en el corregimiento de Boca de Cupe, una jornada de capacitación sobre derechos humanos dirigida a padres de familia de las escuelas de las comunidades de Capetí en Alto Tuira, Yape, Unión y Vista Alegre.

En esta actividad, auspiciada por el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF), los tópicos más trascendentes abordados fueron los fundamentos de la protección de los derechosde los Niños y Niñas”,  de los “Migrantes y Refugiados”, así como conceptos básicos de la Ley Nº 7.

Para la  Defensoría del Pueblo la educación y aprendizaje en derechos humanos es esencial para el respeto y la dignidad de todas las personas, además de contribuir al conocimiento de los mecanismos y acciones para su vigencia y efectividad.

La Oficina Regional  Defensoría del Pueblo en Darién gestionó una ayuda humanitaria para el señor Juan José Castillo Bonilla, panameño de 81 años de edad, quien reside desde el pasado 3 de mayo de 2009 en la comunidad de Agua Buena No. 2, corregimiento de Cucunatí, con una familia de escasos recursos, que lo encontró abandonado en una quebrada y que al ver la condición que presentaba decidieron llevarlo a su casa.

Personal de la Defensoría se trasladó al área para constatar las condiciones en que vive este adulto mayor, quien aseguró tener más de 40 años de haberse trasladado desde Santiago de Veraguas hasta la provincia de Darién,  y comentó que actualmente no tiene ningún familiar que pueda responder por él.

El señor Castillo relató que actualmente sufre de presión alta y que casi no toma medicamentos para controlar su enfermedad, debido a que la familia que lo ayuda reside a tres horas de distancia del Centro de Salud más cercano,  por lo que se dificulta su  traslado, ya que esta zona es considerada de difícil acceso.

Como parte de las diligencias efectuadas, fueron contactados los administradores del Hogar Luz y Vida en Metetí,  para saber cuáles son los requisitos necesarios para que el señor Bonilla sea trasladado a este centro de ayuda social, así como también se logró hacerle entrega de una bolsa de comida y un bastón a través del Programa de Ayuda Nacional(PAN).

De igual forma, fue puesta en conocimiento su situación de las autoridades del  Ministerio de Salud (MINSA) y del Ministerio de Desarrollo Social (MIDES), quienes inmediatamente se comprometieron a atender el caso y realizarle todos los exámenes médicos la próxima semana.

El respeto a la dignidad del ser humano y la atención debida a personas en grado de vulnerabilidad son responsabilidades permanentes de los Estados, y en ese cometido,  las Oficinas Ombudsman  contribuyen a su fiscalización y cumplimiento.